El Indulto - Decreto presidencial N°5460 - Abogados Especialistas en Derecho penal

 

INDULTO EN BOLIVIA

Decreto Presidencial N° 5460

Decreto y jerarquía normativa

El N.º 5460 es un decreto presidencial, no una ley. Según la Constitución Política del Estado (CPE), el Presidente tiene la atribución de decretar indulto con aprobación de la Asamblea Legislativa (Art. 172, inciso 14). Esto significa que la norma fue emitida por el Poder Ejecutivo y refrendada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). En la jerarquía normativa boliviana, la Constitución es suprema, luego vienen las leyes y los tratados internacionales, y después los decretos supremos o presidenciales. Es decir, el Decreto 5460 tiene rango inferior a una ley ordinaria y debe respetar la Constitución y las leyes previas.

Antecedentes del indulto en Bolivia

El indulto presidencial (perdón de pena) y la amnistía han existido antes en Bolivia. Por ejemplo, en 2013 se dictó el Decreto Presidencial 1723/2013 que reguló el indulto y la amnistía por razones humanitarias en favor de personas privadas de libertad. Ese decreto beneficiaba a presos con sentencia definitiva de hasta 8 años (indulto) o con procesos penales de hasta 4 años (amnistía), siempre que cumplían ciertos requisitos de no reincidencia, edad avanzada, enfermedad terminal, etc. Más recientemente, durante la emergencia sanitaria de 2020 se emitió otro decreto similar (No. 4226/2020) para aliviar el hacinamiento; y en marzo de 2025 el Decreto 5137 incluyó indulto y amnistía prioritariamente a adultos mayores, enfermos terminales, mujeres embarazadas y otros grupos vulnerables. Estos antecedentes muestran que el Estado ha usado ya la vía del indulto (o combinada con amnistía) como medida humanitaria para descongestionar cárceles y proteger a grupos vulnerables.

Fundamento constitucional y legal

El indulto presidencial tiene fundamento explícito en la Constitución. El Artículo 172(14) dispone que el Presidente “decretar amnistía o indulto, con la aprobación de la ALP”. Además, la CPE establece principios clave para las personas en conflicto con la ley: el Art. 22 garantiza la inviolabilidad de la dignidad y libertad de la persona; el Art. 73(1) dispone que todo privado de libertad debe ser tratado con “el debido respeto a la dignidad humana”; y el Art. 74(1) señala que es responsabilidad del Estado la reinserción social de los reclusos y la custodia en un ambiente adecuado.

Fuera de la Constitución, la Ley de Ejecución Penal (Ley 2298 de 2001) complementa estos principios. Su Art. 3 dispone que la pena tiene por finalidad la reinserción social del condenado, y su Art. 13 exige que las cárceles cuenten con la infraestructura mínima adecuada para el tratamiento de los internos. Estas normas establecen que el sistema penal debe velar por los derechos humanos de los reclusos y buscar su rehabilitación. En este contexto legal, el Decreto 5460 se apoya en la CPE y en normas penitenciarias para justificar un indulto humanitario que alivie el hacinamiento carcelario sin contradecir los principios constitucionales ni legales vigentes.

Contenido del Decreto 5460 de indulto

El decreto establece reglas claras sobre quiénes pueden recibir el indulto, cómo tramitarlo, las exclusiones y la vigencia. A grandes rasgos:

·         Ámbito de aplicación: Se aplica exclusivamente a personas privadas de libertad con sentencia condenatoria ejecutoriada (definitiva). Es decir, debe existir condena firme. La norma corre desde su publicación y durará un año, período en el cual se podrán beneficiar quienes obtengan sentencia definitiva.

·         Requisitos del indulto: El Art. 4 del decreto fija tres categorías de penas, según la extensión de condena y el cumplimiento parcial exigido:

o    Pena igual o menor a 10 años, sin exigir ningún tiempo cumplido.

o    Pena igual o menor a 12 años, siempre que se haya cumplido al menos 1/3 de la condena.

o    Pena igual o menor a 15 años, siempre que se haya cumplido al menos 1/2 de la condena.
En todos los casos, se exige que no exista otro proceso pendiente ni antecedentes penales adicionales. Además, no pueden haber recibido otro indulto/amnistía en los últimos 5 años. Estos requisitos indican que sólo podrán acogerse detenidos con penas moderadas que ya cumplen una parte de su condena.

·         Exclusiones: El Art. 5 detalla quién no califica para el indulto. Quedan excluidos, por ejemplo, los condenados por delitos en los que la CPE o el Código Penal prohíben indulto (incluso en grado de tentativa). Tampoco se concede a reincidentes ni a quienes hubieran obtenido indulto/amnistía hace menos de cinco años. En especial se excluyen delitos graves como genocidio, terrorismo, asesinato, parricidio, feminicidio, infanticidio, trata de personas, violaciones sexuales, secuestro, tenencia ilícita de armas pesadas, robo agravado, contrabando, delitos económicos importantes, narcotráfico con pena >10 años, delitos contra la mujer (Ley 348), delitos políticos contra mujeres (Ley 243), así como delitos con víctimas múltiples, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad. En resumen, la norma deja fuera a criminales considerados de alta peligrosidad o con especial gravedad, concentrando el indulto en delitos menos severos.

·         Procedimiento: El trámite es rápido y gratuito. Según lo dispuesto, el interno o su representante presenta la solicitud en el Servicio Legal del penal o en la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario. Allí se verifican los requisitos y se arma la carpeta con la documentación exigida (cédula de identidad, sentencia ejecutoriada, certificados de conducta y permanencia, etc.). La Dirección Penitenciaria remite todo al juez competente. El juez debe homologar el indulto y expedir el mandamiento de libertad en plazos breves (como se informó, entre tres y cinco días hábiles tras la solicitud). En todo caso, las instituciones deben otorgar certificados y documentos de oficio y sin costo.

·         Vigencia: El Decreto 5460 entró en vigencia a finales de octubre 2025 y tiene una duración de un año. Durante ese periodo se puede solicitar el beneficio siempre que se cuente con sentencia definitiva. Si no se tramita dentro de ese plazo, deja de aplicarse.

Beneficios del indulto (pros y contras)

Ventajas y motivos humanitarios: El indulto busca principalmente reducir el hacinamiento carcelario y mejorar la situación de derechos humanos. En octubre 2025 había unos 33.200 reclusos en el país para una capacidad oficial de ~15.600 plazas (113% de ocupación). Al liberar a unas 5.000 personas (aprox. 15% de la población penitenciaria) el decreto aliviaría parte de esta presión. Además, al enfocarse en condenas menores y en quienes ya cumplieron parte de su pena, se considera una medida más técnica y enfocada en derechos humanos que precedentes. El Gobierno señala que esta política refuerza la reinserción social de los beneficiarios y el modelo de gestión técnica penitenciaria. En términos sociales, se espera que las familias de los liberados puedan reunirse (especialmente adultos mayores, mujeres con hijos, enfermos terminales, etc.), y se evita la estigmatización de personas con sentencias menores. A nivel penitenciario, disminuir presos libera recursos para casos más graves, mejora condiciones y reduce costos.

Inconvenientes y críticas: Por otro lado, el indulto tiene limitaciones. Al aplicarse sólo a condenados definitivos de delitos “menores”, deja fuera a la mayoría de la población carcelaria que está en detención preventiva (55% según la Defensoría). Muchos argumentan que no resuelve las causas profundas del hacinamiento (demoras judiciales, escasa defensa pública, mala gestión), por lo que ofrece un alivio temporal más que una solución estructural. Tampoco beneficia a quienes cometieron delitos graves, lo que genera debates sobre justicia vs. impunidad. Desde el punto de vista institucional, existe el riesgo de casos de impunidad si no se controla bien quién sale. De hecho, una sentencia del TCP (0131/2015) destacó la obligación de la autoridad penitenciaria de verificar la identidad de los liberados por indulto y cumplir inmediatamente las órdenes de libertad; ese caso mostró problemas prácticos cuando un interno no fue liberado pese a tener el mandamiento de libertad vigente. En resumen, aunque el indulto aporta alivio humanitario y social, sus críticos señalan que por sí solo no basta para resolver el colapso penitenciario ni garantiza la no reincidencia de los excarcelados.

Implicaciones para el sistema penitenciario

El Decreto 5460 afecta directamente al sistema carcelario. Reducirá la sobrepoblación: se espera que alrededor de 5.000 presos (15% del total) recuperen su libertad, lo que alivia el hacinamiento extremo reportado en el país. Menos reos implica mejor distribución de recursos, menores riesgos de violencia intra-cárcel y más espacio para aplicar programas de reinserción. Además, al enfatizar la aprobación de los expedientes por parte de la Dirección de Régimen Penitenciario y los jueces en pocos días, refuerza la necesidad de agilizar trámites y prevenir demoras. Sin embargo, los especialistas de la Defensoría del Pueblo advierten que la medida es parcial: sólo un 15% de la población carcelaria se beneficiará y no toca al 55% en prisión preventiva. Esto significa que el problema estructural persiste. Para la reinserción, el decreto viene acompañado de la promesa de “cárceles productivas” y programas de rehabilitación, aunque estos deben fortalecerse para aprovechar la oportunidad de reintegrar a los liberados con formación laboral y psicológica. En el balance, el decreto puede mejorar condiciones inmediatas (menor hacinamiento, cumplimiento de derechos básicos) y mostrar compromiso estatal con la reinserción, pero subraya la urgencia de reformas más amplias: mejores defensas públicas, alternativas a la prisión preventiva y modernización de las cárceles (infraestructura, salud, educación), tal como exige la Constitución.

Jurisprudencia relevante

No existe hasta la fecha jurisprudencia específica sobre el Decreto 5460 (2025), pero sí precedentes generales sobre el indulto. En 2015 el Tribunal Constitucional Plurinacional dictó la Sentencia 0131/2015 en un caso de indulto administrativo. En ese fallo el TCP estableció que, una vez otorgado el indulto, los directores de los penales deben “controlar la situación jurídica real” del interno para poder liberar de inmediato al beneficiario. En la práctica, el tribunal ordenó que se respetara el mandamiento de libertad expedido tras el indulto, pues un recluso había permanecido ilegalmente en prisión pese a tener orden de excarcelación. Esta jurisprudencia subraya la obligación de las autoridades judiciales y penitenciarias de ejecutar los beneficios del indulto sin dilaciones injustificadas.

Hasta ahora no se conocen sentencias del Órgano Judicial (Tribunales) que interpreten el Decreto 5460 en particular. En caso de dudas o controversias futuras, sería el TCP u otras instancias las encargadas de tutelar los derechos de las personas excarceladas. Mientras tanto, las referencias constitucionales (derechos a la dignidad y reinserción) y la potestad presidencial estipulada en el Art. 172 CPE seguirán siendo la guía principal para aplicar y, si fuera necesario, cuestionar judicialmente las disposiciones del indulto presidencial.

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Análisis y Edición: Julián Nicanor Dávila Núñez